Alberto Nicolás Newman Briceño†

EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

Publicado el January 31, 2011

Los abogados venezolanos estamos en deuda con la defensa del Estado de Derecho, que se ha venido violando desde hace un cierto tiempo y que adquiere dimensiones de monstruosidad jurídica en actos y hechos para los cuales no hay calificativo que pudiera sintetizar la indignación, al sólo intuir que se trata de aberraciones en donde se descarga la malignidad de quienes los realiza u ordena, sin dedicarse un instante a ver el daño y la afrenta que se le hace a la propia condición del ser humano.

Estamos en deuda, decimos, porque consumados sin el menor escrúpulo y sin importarles la consecuencias ensañadas en las víctimas, ciudadanos venezolanos que sufren ominosas prisiones y privaciones de todo tipo, y en el campo internacional reflejado en el desprestigio cada vez mayor que experimenta el régimen –así lo corroboran manifestaciones en 20 o más ciudades del mundo en la reciente conmemoración del “23 de Enero” con que se recordó la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en el año 58-, lo menos que hemos podido haber hecho los abogados, es haber respondido a cada uno de estos “hechos y actos” con rechazos masivos en plazas y calles, en despachos tribunalicios, con acciones querellantes en los estrados judiciales, tanto nacionales como de los organismos con los que la República ha suscrito compromisos obligantes, justo para estar a la altura de cualquier nación civilizada, civilista, democrática y estructuralmente conformada como Estado de Derecho en su ordenamiento jurídico, constitucional, sustantivo y procedimental.

El rechazo como expresión de repudio ha debido manifestarse desde aquel infeliz momento en que se despreció a la Constitución de 1961, cuando el Presidente entrante la llamó “moribunda”, para ante el silencio frente a la ocurrencia inaugurar un estilo prepotente y jactancioso que ha llevado una escalada de insultos a las instituciones y ciudadanos en general, a desconocer la majestad de los cargos públicos, la separación y autonomía de los poderes del Estado, su respeto y consideración, para serle fácil endilgarle soeces a los entes públicos como aquella de “plasta” al TSJ, de “triunfo de m… “ a los resultados de la consulta electoral del 02 de diciembre del 2007, de disparar improperios como “lacayos del imperio, agentes de la CIA, vende patria, contrarrevolucionarios, terracogientes, criminales, esclavistas … de mandar a “lavarse el paltó” como si no fuera una práctica de común asepsia, que hasta los propios presidentes lo tienen que hacer. Claro, que si ese es el lenguaje con que a cada instante se encadena, nos acostumbramos a utiliza también el dedo para cambiar el canal o apagar el aparato. Y por fortuna, los gobernadores y alcaldes que no pudo evitarle su legítimo triunfo, ante sus desprecios y trácalas para restarles recursos, van en ascenso y sus gestiones político administrativas son mil veces superiores a la de sus mediocres conmilitones.

Pero aún cuando la defensa de la Constitución –Estado de Derecho- es obligación de toda la ciudadanía (Art. 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), hay algo que rebasa la tolerancia, la capacidad de aguante, y que nos toca fundamental y profesionalmente a los abogados. La invasión, desconocimiento de la separación y autonomía de los poderes públicos. El Legislativo, no vale la pena dedicarle algunas líneas; es demasiado sumiso y su única capacidad ha sido la de auto anularse, con todo y el record de aprobar en 20 días, 19 leyes, todas inconstitucionales, y la “ñapa” de la habilitante, que fue así como llenar el balde, lanzarlo hacia arriba, y esperar abajo para sentir el frio o el calor de la empapada. Es en el Poder Judicial en donde el cuadro se hace tétrico y vemos como se dan casos inauditos. Son muchos. Pero solo para reventar de indignación basta mencionar el de la Dra. María Lourdes Afiuni, que por haber dictado una providencia, dentro de los límites de su ejercicio como Jueza de la causa que estaba conociendo, despertó la ira del “Zeus” tropicalizado, para colocarla en el famoso banquillo a fin de que sin la menor consideración experimente en su naturaleza de mujer madre la más despiadada trama de enjuiciamiento para que por decisión “ordenada” se le apliquen “30 años”. Los colegas abogados comprenderán que ante lo que ya es “público y notorio”, los comentarios huelgan.

Debo terminar, para que sea la preocupación angustiada la que llene los espacios de la mente, haciéndolo siempre en la onda optimista de pensar que los absurdos cuando más se entronizan más rápido se autoliquidan. La institucionalidad es permanente, su desconocimiento es transitorio.