EL DESLAVE CONSTITUCIONAL
Publicado el March 18, 2009
La proliferación de Constituciones que ha caracterizado la instrumentación legal para establecer las bases jurídico-políticas en las que se ha querido asentar la República, ha hecho de Venezuela el país de América Latina con el mayor número de cartas magnas. Son 26, contadas desde 1811 hasta la vigente, la de l999. Lamentablemente esta abundancia de textos fundamentales pareciera que lejos de ser expresión de independencia, de soberanía, de estabilidad de instituciones republicanas, de consagración de derechos y deberes de la ciudadanía, de avances en conquistas para el funcionamiento de los poderes públicos, ha devenido en compilaciones repetitivas de muchas normas orientadas a la organización de la nación, conformada en los territorios de la Capitanía General de Venezuela, y ciertamente enfáticas en la libertad, independencia y soberanía de las regiones, provincias, que la integraron, pero de muy poca respetabilidad, porque buena parte de ellas fueron impulsadas e impuestas por caprichos ambiciosos de personeros que en la aventura de la conquista del poder han tenido la suerte de lograrlo por la violencia de las armas, las componendas o los votos. Agreguemos, a manera de distensión de este cuadro poco halagador, las mas de las veces tétrico, que la poca respetabilidad que han tenido las “leyes de leyes” se resume en aquella frase despectiva que con exactitud no sé quien la dijo: “la Constitución es ese librito amarillo que se cambia todos los años y se viola todos los días”.
No podríamos detenernos en mayores consideraciones sobre las Constituciones de Venezuela, pero no podemos dejar de reconocer que para los estudiosos del derecho y la evolución política del país, toda la literatura, hechos y pormenores registrados en torno a ellas, constituye el más valioso material para comprender el pasado histórico, así como para aprender muchas lecciones a los fines de tenerlas presentes para lo que desde ya se plantea como una necesidad fundamental, ineludible, la elaboración, aprobación y puesta en práctica, de una nueva Constitución –ojalá se tenga en cuenta la experiencia de la Constitución de l961, la que más ha durado en el tiempo de nuestra vida republicana-. Ante la irreversible crisis institucional, corrupción y deterioro en todos los órdenes, pérdida de valores morales, éticos, republicanos y democráticos, y habida cuenta del desprestigio de la actual, en vigencia solo de nombre, interpretada a capricho o sesgadamente por el propio gobierno central, cuyo “jefe” llegó a decir que era la mejor del mundo pero no ha tenido escrúpulos para despreciarla y hacer que “sus poderes públicos” la violen, enmendándola, en defecto de la llamada reforma, legítimamente rechazada por el soberano, pensar seriamente en una nueva Constitución podría ser una salida muy acertada.
La referencia a las Constituciones de este país en estos momentos tiene una connotación que las toca a casi todas y tiene una importancia existencial en cuanto ha permitido la estructuración de la nación-estado; nos referimos al respeto de la regiones, provincias, que han concurrido y concurren a la formación de la República, sin ínfulas autonómicas en donde pudiera anidarse algún pueril o demencial sentimiento mini independentista. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con la separación de la Gran Colombia, ni a la idea del Libertador de oponerse a la concepción federal, puesto que son realidades que corresponden a enfoques de determinados momentos, bastante alejados de la dinámica actual. El presente nos dice que la arremetida del Presidente es de tal naturaleza que no solo configura un golpe de estado a la Constitución vigente sino que además va en retroceso a lesionar los avances institucionales que han significado logros irreversibles de los Estados -23-. Las vicepresidencias o autoridades de áreas, alambicadas con celestinesco comportamiento de la AN, es un ardid primitivo para burlar las mayorías del pueblo que votó por Gobernadores y Alcaldes, auténticamente democráticos. Igual perversión conlleva la llamada Ley de Descentralización.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se aprobó en referéndum que coincidió con la desgracia natural que más daño le ha causado al país, el deslave de Vargas. Lágrimas de millones se vertieron a causa del dolor de la pérdida de miles de vidas humanas. Para mayor desgracia la espantosa tragedia llegó a ser vista a través del lente de la intolerancia política, negando a parte del mundo –USA- el ejercicio de la solidaridad humanitaria en ese afán estúpido de prepotencia revolucionaria que se envalentonó para rechazar la oferta concreta de la ayuda del “imperio”, pero ante quien no se repara a la hora de venderle el único producto que tenemos para negociar, retribuyéndolo con ventajas en las compras que por necesidad tenemos que hacerle. Siempre recordaremos con dolor el deslave y aún, cuando el pesar nunca tendrá términos de comparación, por esa fecundidad de la mente, si la actual “Carta Magna” nació legalmente en hora tan aciaga, pensar que el signo del deslave la acompaña es fruto de esa misma fecundidad, ejercicio de imaginación que cobra mayor fuerza ante los desmanes inconstitucionales, acrecentados desde el rechazo a la reforma del 02 de diciembre del 2007. No es fantasioso pensar que se trata de un “deslave constitucional”.
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